El presidente y los órganos autónomos

Resumen

El Presidente de la República llegó al final de su segundo año de gobierno, asegurando que las bases de su proyecto de transformación estaban sentadas. En su evaluación incluía la colaboración de los poderes Legislativo y Judicial, frente a los cuales pudo establecer una posición de predominio a partir de una mayoría encabezada por el partido gobernante y de una negociación no exenta de conflicto con los principales responsables del sistema de impartición de justicia de la Nación. Asimismo, con base en una tradicional concepción de la forma de gobierno democrática, en su primer bienio el Presidente fue sembrando y cultivando la idea de la inutilidad de los órganos autónomos de rendición de cuentas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador parte del supuesto de que, como su gobierno es del pueblo y para el pueblo, no requiere ni control ni supervisión, ni fiscalización ni transparencia. Las implicaciones de esta percepción para la democracia son preocupantes porque fomentan entre la gente la idea de que es mejor la concentración del poder que la división de poderes, la rendición de cuentas y la responsabilidad política.
En este número estudiamos las relaciones entre el Presidente de la República y los poderes constitucionales, en específico con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como con el Poder Judicial, en particular con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se analiza su interacción con las máximas autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Y también se ponen bajo la lupa de nuestros especialistas los vínculos del Poder Ejecutivo con órganos de rendición de cuentas como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los órganos encargados de la igualdad de género y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Este último caso es el único órgano que hasta ahora ha sido disuelto por el gobierno de la “Cuarta Transformación’’, como ejemplo ominoso de lo que podría sucederle a los demás. Estos órganos y varios más, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han sido puestos en la mira de un gobierno más preocupado por allegarse de recursos para solventar el gasto social y menos por fomentar la participación ciudadana a través de órganos autónomos que, si bien en México no han dado los resultados óptimos, constituyen una parte sustantiva de la democracia.
El futuro es desalentador por las pretensiones de un poder presidencial omnímodo. Pero precisamente estas instituciones y órganos son algunas de las restricciones que el Presidente habrá de enfrentar, incluso teniendo un Poder Legislativo sumiso o un Poder Judicial cómplice. La raigambre ciudadana de la rendición de cuentas podría reverdecer y la exigencia de una suprema responsabilidad política podría surgir en un contexto de aguda conflictividad política y social. Conflictividad que genera el mismo discurso de polarización que el Presidente suele utilizar de manera cotidiana.